Central Hidroeléctrica Manduriacu

 

Quito, 23 de septiembre de 2015.- El 22 de septiembre del presente año, la autodenominada “Comisión Nacional Anticorrupción” ha presentado lo que para ellos constituye el informe sobre la investigación de los costos relacionados con la construcción de la Central Hidroeléctrica Manduriacu.

 

El informe constituye una colección de errores y distorsiones en información técnica, costos, nombres, fechas, lugares, etc.

 

 

Una muestra de la ligereza con la que se ha realizado la supuesta investigación constituye la afirmación de que el Prefecto de la Provincia de Pichincha es el responsable del proceso de contratación y construcción de la referida Central Hidroeléctrica, cuando la verdad es que el proceso precontractual y contractual  estuvo a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, que no tiene ningún vínculo con la Prefectura de Pichincha.

 

Se señala como el hallazgo fundamental de la investigación que: “El contrato original de esta obra, fue convenido en $ 124’881.250. Sin embargo, la Comisión ha podido comprobar que el precio final de este contrato se duplicó, pues su costo final es de $ 227’389.966,63”. ESTO ES FALSO. La comisión compara en forma equivocada, el valor del contrato suscrito entre la CELEC EP y el Contratista, con el presupuesto total del perfil del proyecto aprobado por la SENPLADES, sin tener en consideración que el contrato de construcción constituye apenas uno de los componentes del perfil del proyecto, que incluye adicionalmente otros conceptos como son los costos correspondientes a: administración, fiscalización, adquisición de terrenos, plan de manejo ambiental, impuestos, etc.

 

Con relación a la Licencia Ambiental, es necesario precisar que el 20 de abril de 2012, el CONELEC en uso de sus atribuciones  aprobó el Estudio de Impacto Ambiental; y con fecha 4 de mayo de 2012, otorgó la Licencia Ambiental a la CELEC EP.  Es falsa por tanto la afirmación de que el proyecto nunca contó con la Licencia Ambiental.

 

Solo estos hechos demuestran la ligereza, irresponsabilidad y mala fe con la que actúa la autodenominada “Comisión Nacional Anticorrupción”, que a través de la distorsión de las cifras y los hechos, con comparaciones sin sentido y cálculos equivocados, pretende desinformar y engañar a la ciudadanía, con fines que la propia ciudadanía sabrá identificar.

 

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