Las empresas eléctricas de distribución que todavía funcionan como sociedades anónimas pasarán a ser empresas 100% estatales en menos de un año.
Las empresas eléctricas de distribución que todavía funcionan como sociedades anónimas pasarán a ser empresas 100% estatales en menos de un año. Esto lo determinó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada por la Asamblea y publicada en el Registro Oficial del pasado viernes 16 de enero. La disposición transitoria duodécima del texto determina que en 360 días, el Ministerio de Electricidad consolidará a su favor la totalidad del paquete accionario de estas compañías a fin de convertirlas en empresas públicas. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Electricidad, el valor en libros de este grupo de empresas es de USD 808,8 millones. Pero de este monto solo USD 256,5 millones corresponden a los aportes realizados por municipios, gobiernos provinciales y, en determinados casos, cámaras de Producción. En este grupo se encuentran las empresas eléctricas Quito, Centro Sur, Ambato, Azogues, Cotopaxi, Galápagos, Norte, Riobamba, Sur y la generadora Elecaustro. En el Ecuador existen 20 empresas eléctricas de distribución que entregan a los usuarios finales (domicilios, industrias, etc.) la energía que producen las centrales generadoras como Paute. De ellas, 11 son empresas públicas que fueron absorbidas completamente por el Estado a raíz de la expedición del Mandato 15 en la Asamblea Constituyente en julio del 2008.
Estas distribuidoras pertenecían al Fondo de Solidaridad y prestaban sus servicios, principalmente, a los clientes de la Costa del país. En vista de sus altos niveles de ineficiencia y deuda, y debido a que nunca pudieron ser privatizadas -como se buscó a finales de la década de los 90 y a principios de este siglo- finalmente fueron absorbidas al Estado en su totalidad. Estas se aglutinaron en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel EP) y en la Empresa Eléctrica de Guayaquil EP. Sin embargo, nunca fueron absorbidas por el Gobierno las 10 empresas eléctricas que funcionaban como sociedades anónimas por sus altos niveles de gestión, bajas pérdidas y porque bajo ese esquema generaban utilidades. En este grupo, aunque el Ministerio de Electricidad (MEER) mantiene la mayoría del paquete accionario, los gobiernos municipales y seccionales también tienen una participación de entre 20% y 30%. Pero en determinados casos como la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la Empresa Eléctrica Ambato hay una participación mínima (del 1% al 2%) de las cámaras de la Producción y Comercio.
Respecto a cómo se dará la adquisición de estas acciones para el Estado, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, indicó a este Diario que todos los detalles del proceso y los plazos se encuentran en la nueva Ley Eléctrica y en la página web del MEER. La normativa establece que esta Cartera de Estado solicitará al Ministerio de Finanzas los recursos “con el objeto de adquirir las acciones y aportes para futura capitalización que mantengan los gobiernos autónomos descentralizados, accionistas privados y otros accionistas al valor nominal que consta en libros”. Estos aportes de los gobiernos seccionales y las cámaras, según muestra la página del MEER, llegan a USD 256,5 millones (ver infografía) y la empresa con mayores aportes del Municipio es la EEQ. En esta compañía, los accionistas minoristas son el Municipio de Quito (26,82%), el gobierno provincial de Pichincha (8,04%), los industriales y comerciantes (1,15%) y el gobierno provincial de Napo (0,11%). El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, señaló a este Diario que el MEER no ha tenido hasta el momento ningún acercamiento para la compra de las acciones del Municipio en la EEQ. “Esperamos que sea un proceso justo, que se valore de manera adecuada las acciones y se le entregue al Municipio de Quito y a los quiteños los valores que le corresponden por estas acciones”, insistió Rodas al indicar que estos recursos servirán para hacer proyectos de inversión en favor de la ciudad.
El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, dijo que tampoco ha habido ningún acercamiento del MEER con la Prefectura para negociar su paquete accionario que alcanza al 17,5% de la empresa eléctrica Centro Sur. Se mostró escéptico respecto a que se reconozca el valor real de sus acciones. El exgerente de la EEQ, Carlos Andrade, insistió en que el valor en libros no es el valor real que tienen las empresas eléctricas, porque son negocios en marcha que generan utilidades y tienen muchos activos. “Solo en activos de generación la EEQ tiene más de USD 200 millones y al Municipio de Quito se le quiere reconocer solo USD 62 millones”, dijo.
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