37 empresas de 13 países adquirieron los derechos de participación en el Proceso Público de Selección (PPS) del Bloque de Energías Renovables No Convencionales I, de 500 MW.
Conforme el cronograma del proceso, el pasado 29 de marzo de 2022 se cerró la etapa de solicitud de acceso al cuarto de datos (data room), que contiene toda la información del proceso y de varios proyectos de generación de energías renovables que pueden ser considerados como parte de este primer bloque a ser concesionado a la iniciativa privada.
Se prevé que el próximo 29 de abril culmine la etapa de consulta y consolidación de pliegos, con lo cual las empresas participantes podrán preparar sus ofertas y presentarlas hasta el 28 de octubre de 2022.
El Bloque de Energías Renovables No Convencionales está conformado por cuatro sub-bloques de diferentes tecnologías no convencionales (hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica y biomasa); los proyectos podrán estar ubicados en diferentes áreas geográficas del Ecuador, en función del recurso primario y las condiciones ambientales y logísticas de la zona.
Su desarrollo requiere de una inversión estimada de USD 875 millones. El sector privado puede proponer el desarrollo de nuevos proyectos con tecnologías de energía renovables no convencionales, por iniciativa propia o considerando los distintos proyectos con estudios variados con los que cuenta el Ministerio de Energía y Minas. La selección de los proyectos en cada sub-bloque se realizará con base en el precio de energía ofertado más bajo, hasta completar la asignación de potencia respectiva en cada sub bloque.
El Proceso Público de Selección para la concesión del Bloque de Energías Renovables No Convencionales, fue lanzado el 10 de diciembre de 2021, conjuntamente con otros PPS como: el Bloque de Ciclo Combinado Gas Natural (400 MW) y el Sistema de Transmisión Nororiental.
Estos PPS se enmarcan dentro del Plan Maestro de Electricidad (PME) 2018 – 2027 elaborado por la cartera de Energía y Minas y en los ejes del Decreto Ejecutivo 238, que establecen la política para el sector eléctrico, enfocada en garantizar el abastecimiento futuro de energía, que sea confiable y segura, e incentive la creación de nuevas oportunidades de inversión, trabajo y producción, en beneficio de todos los ecuatorianos.